Entre los días 10 y 12 de marzo de 2015 se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires el “Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública.
Magaly McLean, abogada principal del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, expuso sobre El régimen de excepciones y su impacto en la carga de la prueba.
Magali McLean analiza el artículo 2 de la Ley Modelo de la OEA sobre Acceso a la Información Pública. Se dice que las mismas deben ser legítimas, no podría dejarse a criterio de un funcionario público o de la misma Administración. Estas deben ser estrictamente necesarias. Estar de acuerdo con los sistemas interamericanos. Dentro de las diferentes opciones, la Administración debe ponderar y buscar cual es la opción que menos restringe el derecho a la información. Deben interferir lo menos posible con el derecho a la información pública. Deben ser adoptadas por ley, la ley modelo señala no solo esto, sino también, si vamos a los estándares internacionales, en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana Claude Reyes también establece que las excepciones deben ser creadas por ley. Tiene que existir un interés público. Las restricciones que pueden imponerse tienen que ser proporcionarles. Respecto a la carga de la prueba se habla del principio que prevalece, que es el principio de necesidad. Es el Estado quien tiene la carga de la prueba. Como es un régimen muy excepcional, no alcanza con que mencione un artículo de la ley, sino que tiene que establecer las razones que le impiden entregar la información.
Refiere también al daño a los intereses públicos: daño significativo que es definido por ley. La seguridad pública, la defensa nacional, elaboración y desarrollo de políticas públicas, intereses financieros legítimos de la autoridad pública. En aquellos casos en que en un expediente exista una parte de información clasificada, se entrega la información que no está sujeta a la excepción. Si el Estado entiende que hay razones para entregar la información tiene que fundarlo. Aún en esos casos en que se establezca que parte de la información o la información no puede ser entregada, la ley modelo establece que tiene que indicarse a la persona el proceso recursivo que puede iniciar. Las excepciones a la información pública tienen que estar sujeta a límites, la ley modelo establece 12 años que puede ser ampliada a 12 años más.
Karina Banfi, especialista internacional en derecho a la información y gobierno abierto, comienza haciendo mención que Argentina es uno de los pocos países que en Latinoamérica no tiene ley de acceso a la información pública. Hay que tener en cuenta que estas leyes son procedimentales y por tanto no es positivo dejar para la reglamentación la regulación de algunos aspectos. La excepción no debe ser una regla. En algunos países se avanza con leyes de excepciones al acceso a la información. Hay esquemas que clasifican información, pero tiene que tener una mirada excepcional y estar a texto expreso en la ley.
Una información nunca puede ser clasificada en forma eterna, no es una etiqueta que se coloca. No puede existir el secreto eterno, teniendo en cuenta el tiempo necesario que puede tener cualquier tipo de reserva.
La prueba de daño es un análisis en que se busca el equilibrio entre el derecho y el daño. Hay una inversión de la carga de la prueba. El funcionario tiene la obligación de dar todos los elementos por lo cual se niega la información. Tenemos que tener en cuenta que sea legítima y que sea estrictamente necesaria. Es posible tener un sistema de difusión parcial de la información. Lo que permite la entrega de la información parcial es el reconocimiento del Estado de que el documento existe y que el ciudadano tiene derecho a acceder a esa información. El diálogo es diferente con el ciudadano, no es lo mismo un documento tachado que puedo impugnar a que me digan simplemente que no.
La ley modelo habla de un período máximo, existen diferentes tiempos pero lo importante es que sea razonable. La información tiene que ser entregada en forma veraz, oportuna y clara. Hay un punto importante que es la preeminencia de la ley de acceso a la información respecto a otras leyes que crean excepciones.
La seguridad nacional es la justificación más usada y la más polémica, porque es un concepto jurídico indeterminado. Es importante porque no significa lo mismo para un Estado democrático para uno que no lo es. Hay varios documentos que han trabajado respecto a este tema.
En lugar de defensa nacional ¿Qué debería decir? Algunos hablan de Integridad territorial, orden público, podría decir cuando hay riesgo de vida de las personas. Estos conceptos indeterminados están contenidos en la ley de seguridad que se aprobó hace unos meses en Argentina.
En el día de ayer, las Dras. Flavia Baladán, Jimena Hernández, Ana Laura Acosta y yo, dictamos un seminario organizado por CADE acerca de las Tendencias Jurisprudenciales en Derecho Informático.
